¿Otra sincronía entre la Iglesia y el régimen?

VILLA CLARA, Cuba.- Con una carta abierta que emplaza a Raúl Castro, tres sacerdotes católicos pasaron revista este miércoles a las consecuencias más discordantes de la revolución cubana: desánimo, pobreza y, sobre todo, falta de libertad.

Lamentablemente, el reclamo distingue entre libertades. Con el mismo tono que defiende el derecho a la expresión, el debido proceso judicial, la educación sin doctrina, la carta se declara contra el aborto y combate la aspiración de las minorías sexuales al matrimonio igualitario.

“Queremos un país donde se respete más la vida desde su concepción hasta la muerte natural”, dicen los párrocos, “donde se fortalezca la unión de la familia y se cuide el matrimonio entre un hombre y una mujer”.

Aunque parezca un derecho otorgado en la lógica dependiente y paternalista que caracteriza las relaciones entre gobierno y sociedad civil, el aborto ya es indiscutible en la isla.

Cuba no tuvo un movimiento feminista. Por autoritaria, Cuba nada más tuvo un discurso femenino. Aún así, acaso porque el aborto se expresa también como una libertad ejercida durante mucho tiempo ―la libertad del propio cuerpo―, ninguna ideología religiosa consigue plantear una discusión de gran alcance sobre el asunto.

Tan apegados a la doctrina de la Iglesia como los comunistas a la doctrina del Partido, los párrocos establecen un escalafón de libertades e incluso un index de libertades perniciosas, como antaño publicaban en Roma una lista de clásicos literarios que no se permitía leer a los feligreses.

El socialismo “real” y las variantes más difundidas del cristianismo se comprenden y reconcilian en una zona común, ahí donde los derechos humanos aparecen incompletos, barajados según confirmen o impugnen las doctrinas.

A mediados de 2008, el cardenal Jaime Ortega, entonces arzobispo de La Habana, instó a los católicos a hacerse objetores de conciencia frente a leyes proyectadas para regular las uniones LGBTI. Entonces parecía cercana una reforma del Código de Familia. Ortega manifestaba en la revista Palabra Nueva que la protección de estas parejas implicaba “reconocer un comportamiento desviado y convertirlo en modelo”.

A una década de la cruzada convocada por el cardenal, solo en materia laboral están protegidas las personas homosexuales por la legislación cubana.

El anteproyecto del Código de Familia no ha sido sometido al parlamento. Ni siquiera ha trascendido a la opinión pública su primera redacción. Cuando el debate parecía inminente, Ricardo Alarcón, expresidente de la Asamblea Nacional, opinó que debería tenerse en cuenta a los católicos.

Las visitas papales y las mediaciones políticas del anterior arzobispo de La Habana quizás han enturbiado las nacientes agendas impulsadas por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y organizaciones LGBTI de la sociedad civil.

El Partido Comunista de Cuba, al frente del gobierno, optó en 2016 por la ventaja política de ofrecer la isla como tribuna para el discurso anti LGBTI de las iglesias católica y ortodoxa.

“La familia es fundada sobre el matrimonio que es un acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer”, dice la Declaración conjunta del papa Francisco y del patriarca Kirill de Moscú y toda Rusia, firmada en La Habana.

En el mismo tono de los párrocos cubanos que ahora emplazan a Raúl Castro, anfitrión del reencuentro de ortodoxos y católicos, Francisco y Kirill lamentan que “otras formas de convivencia se equiparan ahora con esta unión”. La declaración también rechazó el aborto y la eutanasia.

“Si Cuba sigue así”, agradeció el papa, “será la capital de la unidad”. Así transcurría el primer encuentro del obispo de Roma con el patriarca moscovita desde el cisma ortodoxo, bajo el simpático signo de la conciliación y el pacifismo.

Cliente católica para resolver problemas políticos, a pesar de tantos desencuentros desde 1959, La Habana se sirvió de Roma para acercarse a Washington durante las negociaciones que condujeron a la normalización entre los gobiernos de Raúl Castro y Barack Obama. La Habana pagó luego a Roma con un salvoconducto a Moscú.

Semejante operación de realpolitik realizó el gobierno cubano en septiembre pasado ante sus aliados musulmanes cuando se abstuvo de votar una resolución de Naciones Unidas que condenó la pena de muerte por orientación sexual o identidad de género.

Francisco Rodríguez Cruz, bloguero próximo a la sensibilidad oficial, había observado en 2016 este “desinterés diplomático” cuando los representantes de Cuba se ausentaron de una votación para impedir el nombramiento de un experto independiente contra la violencia y discriminación de gais, lesbianas y transgéneros.

En su papel de interlocutora gubernamental con el movimiento LGBTI, Mariela Castro ha patrocinado bodas simbólicas oficiadas por ministros protestantes, acaso con la intención de contrastar con la actitud católica y de otras denominaciones fundamentalistas.

Fidel Castro, un ateo, declaró en una célebre alusión a gais y lesbianas de 1963 que Cuba “no puede dar cabida a esa degeneración”.

Las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), cuya responsabilidad asumió el gobernante al final de su vida, no solo fueron campos de trabajos forzados para homosexuales y transgéneros. También recluyeron a católicos.

Tras varios documentos partidarios que aludieron a la discriminación de personas LGBTI, el gobierno fijó su posición en la Conceptualización del modelo económico y social cubano. El documento expone la voluntad de enfrentar “toda forma de discriminación por género, identidad de género y orientación sexual”.

Sin embargo, Mariela Castro dijo hace menos de un año en México que “Cuba no ha adoptado una ley a favor del matrimonio homosexual porque no se puede repetir lo que hacen otros.”

La práctica política revela otra zona de comprensión mutua entre el Estado y la Iglesia. El discurso oficial y los párrocos disidentes coinciden ahí, en carta abierta o entrevista ocasional, donde rechazan la aspiración de igualdad de la comunidad LGBTI.

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